Ante los hechos acaecidos en Ecuador, III

Sigue el artículo sobre la movida ecuatoriana de principios de octubre, ERICK MOISÉS SUÁREZ DE FIGUEROA Y FAJARDO-JIMÉNEZ:

Y fue desde el Palacio de Carondelet que el Presidente Correa dio una versión, según la cual, todo había sido un intento de golpe de Estado en su contra, orquestado por la partidocracia tradicional, por la derecha y por el ex Presidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa (derrocado en abril de 2005 por una revuelta popular en la que, casualmente, participó el actual Presidente Correa junto con sus alumnos, cuando era solo un joven profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito). Pero en ningún momento durante la jornada aparecieron ni movimientos de la derecha tradicional (que más bien estaban enfadados por no poder realizar con normalidad sus actividades productivas) ni mucho menos de la partidocracia tradicional, porque esta se halla casi extinguida por la falta de liderazgo y por la fuerza aplastante del Movimiento Alianza PAIS, que cada día va captando más poder y protagonismo y empiezan a identificar partido con Estado. Y el único elemento en el que se basa para acusar al ex Presidente Lucio Gutiérrez fueron las vivas a su nombre que dieron los agentes de la Policía Nacional del Ecuador durante las protestas, en atención a que fue el ex Presidente Gutiérrez el que en su momento les hizo importantes mejoras salariales, pues Lucio Gutiérrez ni siquiera estaba en Ecuador, sino que se hallaba en Brasilia dictando conferencias.

5.- El resultado en la sociedad civil fue una INSEGURIDAD GENERALIZADA en todo el territorio de la República del Ecuador (incluidas las islas Galápagos, donde la Armada del Ecuador se vio obligada a asumir funciones policiales para proteger a los turistas), pues no había quien controlara la seguridad y el orden público. Las compañías privadas de seguridad solo cuidan las propiedades o negocios de quien los ha contratado y los agentes de las Policías Metropolitanas (municipales), no podían darse abasto, no solo porque son inferiores en número, sino porque no cuentan con los medios materiales ni con la preparación suficiente. Y lo propio en la provincia del Guayas, la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas, cuerpo policial propio especializado en tránsito, pero que subsidiariamente ejerce funciones de seguridad ciudadana, tampoco podía de buenas a primeras asumir el control de la seguridad en todo el territorio de la provincia.

Durante la jornada, como consecuencia de la falta de Policía, se produjeron saqueos, atracos, enfrentamientos entre adolescentes de colegios públicos tradicionalmente rivales, violaciones a mujeres, entre otras cosas. Se llegó al extremo de que muchos grandes almacenes (especialmente las dos grandes cadenas: Casa Tosi y Almacenes De Prati), para evitar destrozos, prefirieron dejar las puertas abiertas y permitir que la gente se llevara lo que quisiera y lo propio en las cadenas de supermercados MI COMISARIATO, SUPERMAXI y TIA, al parecer, como indicaban los reportes del cable internacional, fue “día de compras gratuito”, pues la turba descontrolaba buscó pillar todo lo que pudiera. No es la primera vez que suceden estos acontecimientos y tampoco creo que sea la única … solo quien ha vivido en carne propia lo que es la ausencia de control social, la falta de autoridad que imponga orden y garantice la seguridad, puede comprender lo que pasa en estas circunstancias: a la gente le afloran los instintos más bajos y deleznables y no hay capacidad alguna de raciocinio ni de diálogo, es como si se diera carta blanca para hacer todo lo que viniese en gana sin tener que responder por ello. He tenido esta experiencia ya en el año 2000, cuando fue derrocado el Presidente de la República Jamil Mahuad Witt, el 21 de enero de aquel año: desde el momento en que abandonó el Palacio de Carondelet y durante aproximadamente tres horas, no hubo autoridad alguna en Ecuador y la Fuerza Pública (el conjunto de militares y policías), se limitó a contemplar lo que las turbas empezaron a hacer sin intervenir en ningún momento: saqueos, robos, destrucción de la propiedad privada, etc., en aquel momento, bajo el argumento de que “no había autoridad a quien obedecer “ (sic.), porque ellos solo cumplían órdenes, si no había quien se las impartiera, nada podían hacer; eso lo solucionó luego el Honorable Congreso Nacional declarando amnistía general por los hechos sucedidos el día 21 de enero de 2000, con lo cual, nadie respondería penalmente por lo sucedido durante esa jornada (este es el mecanismo jurídico al que siempre se recurre luego de revueltas sociales que terminan con derrocamiento del Presidente de la República: se concede amnistía y listo, así se evita el procesamiento penal tanto por el derrocamiento como por los delitos comunes realizados durante las jornadas que condujeron al fin del Gobierno, ¡ me lo sé de memoria ¡).

Pero esta vez Correa no permitirá que la Asamblea Nacional conceda amnistía a los agentes de la Policía Nacional involucrados, porque su Movimiento Alianza PAIS tiene el control absoluto de la Cámara. Los acontecimientos del 30 de septiembre, lejos de debilitar o desestabilizar a Correa, lo han fortalecido, ahora es considerado una víctima y un héroe, goza del prestigio y beneplácito de la comunidad internacional, su poder internamente aumentará y ya anuncia, si no se dan las cosas como él lo desea, la utilización del mecanismo de la “muerte cruzada”, previsto en la Constitución: el Presidente de la República resuelve la disolución de la Cámara y convoca a elecciones generales anticipadas, hasta tanto se realizan, gozará de poderes extraordinarios y podrá expedir decretos con fuerza de ley. Todo esto apunta a una instauración de formas dictatoriales que, aunque trasnochadas, siguen estando interiorizadas en muchos sectores políticos e incluso gozan del beneplácito de las masas populares, pues existe la creencia generalizada, sobre todo en los niveles más bajos, de que “solo de esa manera se puede progresar”.

En definitiva, los hechos reales se resumen en una huelga de agentes de la Policía Nacional del Ecuador en protesta por recortes que sufrirán cuando entre en vigor el proyecto de ley aprobado recientemente. Como consecuencia de la declaratoria de la huelga, se produjo un acto de insubordinación, debido a la disciplina militar a la que está sujeto el cuerpo, que derivó, lamentablemente, en una agresión al Presidente de la República y posteriormente en su secuestro. Esto generó una situación caótica generalizada en el país durante toda la jornada, que se solucionó durante la noche, ya con el estado de excepción declarado. Las cosas han vuelto a su cauce normal y ahora se ha resuelto depurar la Policía Nacional (es decir, someterla al absoluto control por parte del Ejecutivo, poniendo al frente a oficiales incondicionales al Presidente de la República).

Por tanto, cualquier información que haga alusión a intento de golpe de Estado o de desestabilización del Gobierno legítimo de la República del Ecuador, es absolutamente falsa, aunque comprendo que el Presidente Correa y su equipo de asesores de ahora en adelante se preocuparán por sacar provecho político de estos acontecimientos, lamentables desde todo punto de vista e inaceptables jurídicamente, pero que acaso jugarán un papel similar al que pudo haber tenido el intento de golpe de Estado contra el Presidente Chávez en Venezuela, en 2002, que lejos de debilitarlo, lo fortaleció más.

La comunidad internacional, desde luego, ha manifestado su respaldo al Presidente Correa, como legítimo Presidente de la República del Ecuador, algo conveniente, pero superfluo al no tratarse en lo absoluto de un intento de golpe de Estado.

ERICK MOISÉS SUÁREZ DE FIGUEROA Y FAJARDO – JIMÉNEZ DE ALMEIDA – CARVALHO .

Ante los hechos acaecidos en Ecuador, II

Sigue el artículo sobre la movida ecuatoriana de principios de octubre, ERICK MOISÉS SUÁREZ DE FIGUEROA Y FAJARDO-JIMÉNEZ:

3.- Pero sucede que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, nos hallamos ante un cuerpo paramilitar, que integra la Fuerza Pública del Estado, cuyo cometido es el mantenimiento del orden interno y la seguridad pública; por tanto, la Policía Nacional está sujeta a la disciplina militar. Y tiene como Comandante en Jefe al Presidente de la República, por tanto está subordinado a él y debe acatar, cumplir y ejecutar sus disposiciones y las de sus representantes.

Ante la declaratoria de huelga, el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Policía Nacional del Ecuador, dispuso y exigió que se depusiera la actitud y que los agentes salieran a patrullar como de costumbre. Pero se negaron y más bien unos ocuparon los cuarteles de todo el país (en Ecuador las dependencias de la Policía Nacional no se llaman comisarías, sino cuarteles, por el carácter paramilitar de la institución; las comisarías de Policía son otra cosa: juzgados de contravenciones o faltas) y otros salieron a protestar a la calle como cualquier trabajador o funcionario público que ve reducidos sus ingresos, pero debido a que son policías, hicieron la protesta uniformados y con sus armas de dotación y toletes. Esto SÍ ES, no solo una falta administrativa, sino además un delito tipificado en el Código Penal de la Policía Nacional del Ecuador: insubordinación, es decir, no acatar las disposiciones del superior jerárquico legítimo, en este caso, nada menos que el propio Presidente de la República.

4.- El Presidente de la República, visto que había perdido autoridad sobre la Policía Nacional, se dirigió al Regimiento Quito número 1 (principal cuartel de la Policía Nacional), para intentar negociar con los agentes insubordinados. La acción del Presidente fue a todas luces temeraria e imprudente, pues fue a un lugar tomado por individuos exacerbados, armados y con un sólido espíritu de cuerpo, incomprensible para quien no ha conocido desde dentro lo que son los institutos armados. El resultado fue que el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, perdió los papeles y la compostura propia de un Jefe de Estado y se puso "pico a pico" con los agentes de la Policía, supuestamente sus subalternos, como si se encontrara en la plaza del mercado o en la esquina del barrio, adoptando un comportamiento chulesco y hasta soez (impropio, a todas luces, de un Jefe de Estado), como fue el de desabrocharse la camisa e invitarles a que le dispararan si eran muy valientes y querían matar al Presidente. Aquí fue el origen de esta necedad que se ha transmitido equivocadamente: no estaba el Presidente Correa ante un grupo que lo quería derrocar y hacerse con el poder, o para poner a otro o para dar lugar a la sucesión establecida en la Constitución: estaba ante un grupo de funcionarios del Estado enfadados por los recortes que estaban sufriendo, que dada la peculiaridad de su función, están siempre armados y provistos de organización paramilitar. ESO FUE TODO.

Los agentes, más exacerbados ante la hostil actitud del Presidente de la República, cometieron la imprudencia de lanzarle gas lacrimógeno y gas pimienta, lo que agravó considerablemente la situación de los involucrados, pues ya no era solo una simple insubordinación, sino que se estaba agrediendo al Presidente de la República, lo cual constituye también delito y todavía más grave. Como el Presidente de la República había acudido con efectivos de su seguridad personal, que eran pocos, se vieron atrapados por la turba de agentes de la Policía Nacional, que ya para ese momento habían perdido todo sentido de respeto y jerarquía y fue necesario sacar al Presidente del Regimiento Quito por la parte trasera y fue ahí, en la explanada, donde la turba de agentes pretendió lincharlo a él y a sus guardaespaldas y en medio de la trifulca, alguien, evidentemente con mala fe, golpeó al Presidente Correa en una de sus rodillas, que le había sido recientemente operada, lo que lo hizo quedar tendido en el suelo retorciéndose del dolor mientras llegaba el coche oficial de la Presidencia de la República, que estaba aparcado en la entrada principal, para recogerlo y llevarlo a un hospital. Y da la casualidad que el hospital más cercano era el Hospital de la Policía Nacional del Ecuador, en el que fue ingresado de urgencia.

Luego de ser atendido por los facultativos, resultó que el Presidente de la República no pudo abandonar el antedicho hospital, pues estaba rodeado por patrulleros, carros antidisturbios y cientos de agentes de la Policía Nacional, que le impedían abandonar el recinto. Esto también es constitutivo de delito, porque desde el momento en el que no se deja a una persona abandonar un sitio y se le retiene en contra de su voluntad, nos hallamos ante un secuestro, con mayor gravedad en este caso, porque se trataba del Presidente de la República.

Durante toda la jornada, el Presidente de la República se negó a ceder a las peticiones de los agentes, que básicamente buscaban negociar un acuerdo para que se vetara, al menos parcialmente, el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional o se elaborara un proyecto de ley especial por una comisión en la que se integren representantes de la Policía Nacional o, por último, hacer los preceptos legales lo más generales posibles para que puedan ser objeto de desarrollo reglamentario, en el cual el Presidente de la República, como titular de la potestad reglamentaria, establezca mecanismos para la conservación de los derechos de los agentes de la Policía. Además, exigieron que no se les redujera, como pretendía hacérselo, el bono para la vivienda, que tradicionalmente la Policía Nacional ha venido dando a sus agentes (que no es otra cosa que una cantidad adicional y el aval de la institución para que puedan recibir créditos hipotecarios en condiciones ventajosas en entidades financieras con las que la Policía Nacional tiene convenios). Pero el Presidente Correa se negó a negociar y exigió su inmediata liberación y el inmediato sometimiento de los agentes a su autoridad.

Mientras tanto, un sector de las Fuerzas Armadas también se unió a la protesta de la Policía Nacional: efectivos de la infantería aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ocuparon militarmente los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, con la finalidad de impedir el tráfico aéreo nacional e internacional, como medida de presión. Por este motivo, en virtud de así establecerlo normas internacionales de seguridad aérea, la Dirección General de Aviación Civil junto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dispusieron el inmediato cese de las operaciones aéreas y el bloqueo hasta nueva orden del espacio aéreo de Ecuador.

En virtud del curso que habían tomado los acontecimientos, el Alto Mando Militar compareció ante los medios de comunicación manifestando su lealtad absoluta a su Comandante en Jefe, que es el Presidente de la República y su compromiso con el orden constitucional establecido, dejando claro que en ningún momento permitirían que se le diera una salida política a algo que no era más que un reclamo de un cuerpo de seguridad del Estado (es decir, estaban sentenciando que no iban a dar el visto bueno para que el Presidente Correa fuera derrocado). Sin embargo, sí solicitaron al Presidente de la República que revisara el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, por ser lesivo a los derechos sociales tanto de agentes de la Policía Nacional como a efectivos de las Fuerzas Armadas, especialmente, los de tropa. Con esto, quedó más que en evidencia el malestar general en la Fuerza Pública por las disposiciones del proyecto de ley aprobado.

El Presidente Correa declaró el estado de excepción desde el Hospital de la Policía Nacional, pero debido a los acontecimientos, no fue posible ejecutarlo en lo policial y militar. Sin embargo, sí se lo hizo en lo atinente a las telecomunicaciones, pues fueron bloqueadas las señales de telefonía móvil y los sitios de Internet de diarios y canales de televisión ecuatorianos, excepto la señal de ECUADOR TV, canal estatal que se reservó el derecho a ser el único que transmitiera los hechos que estaban sucediendo, ante la evidente protesta de los demás medios, pues se estaba dando hacia el exterior una sola versión, la oficial, que evidentemente solo cuenta un aspecto de los sucesos. Por ello, lo sucedido en Ecuador entre las 13:00 h. y las 20:00 h. de aquel día solo pudo ser difundido por ECUADOR TV, siendo por ello necesario dar además otra versión de los hechos.

Por la noche, un grupo de oficiales de élite del GIR (Grupo de Intervención y Rescate) de la Policía Nacional del Ecuador, que se mantuvo siempre leal al Presidente Correa, incursionó en el Hospital de la Policía Nacional y lo rescató. En el operativo se dio un intercambio de fuego que duró aproximadamente una media hora y en el que fallecieron dos efectivos del GIR. El rescate fue especialmente difícil por cuanto el Presidente de la República estaba en silla de ruedas, convaleciente por la nueva intervención a la que tuvo que ser sometido por el golpe recibido en la mañana en la herida de una operación reciente y eso generó problemas de logística que dieron lugar a que se rompiera el fuego, los oficiales abatidos cayeron por haber estado cubriendo con sus cuerpos al Presidente de la República.

Inmediatamente, el Presidente de la República, ya desde el Palacio de Carondelet, exigió el acatamiento pleno del estado de excepción, que fijó en 5 días y anunció la depuración de la Policía Nacional del Ecuador, cuyo Comandante General esa misma noche presentó su dimisión en razón de que ya no podía seguir al frente de la institución, pues no había sido capaz de mantener la autoridad sobre sus subalternos, que habían agredido y secuestrado al Presidente de la República, cuya confianza ya tampoco tenía, aunque en su discurso de dimisión solicitó al Presidente Correa que revisara el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional y que le llegará en los próximos días para sanción y promulgación.

Ante los hechos acaecidos en Ecuador, I

Recuerdo hace un par de semanas casi ver en las noticias lo que sigue, me quedé totalmente atónito:

Me interesé por el tema como jamás me había interesado por una notícia política sudamericana... me recordó a una historia digna de realismo mágico, de García Marquez me atreviría a decir. Bien, con los periódicos poco pude entender así que una amiga me mandó este GENIAL y ESCLARECEDOR artículo de un licenciado en derecho y estudiante de filosofía, ERICK MOISÉS SUÁREZ DE FIGUEROA Y FAJARDO-JIMÉNEZ. Le damos las gracias por dejarnos publicar su artículo en este sitio, viene divido en 3 partes:

ANTE LOS HECHOS ACAECIDOS EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

En virtud de la información de público conocimiento difundida por Internet y por la prensa, radio y televisión con relación a los hechos sucedidos el día 30 de septiembre del presente año en la República del Ecuador, ante una serie de datos inexactos o tergiversados por el cable internacional o por el filtro de los canales oficiales, que inconstitucionalmente y de forma arbitraria exigieron ser la única fuente de información, considero necesario y oportuno expresar otra visión de los hechos, no oficial, pero sí acaso más racionalmente elaborada, a partir del procesamiento de la información obtenida de fuentes directas y fiables, más cercanas a los hechos y libres de la manipulación oficial, así como el hecho de haber podido consultar el proyecto de ley aprobado el día miércoles 29 de septiembre, que originó las protestas y también, de la experiencia personal acumulada hasta ahora en todo lo atinente a revueltas y derrocamientos de Presidentes en Ecuador, que podría catalogar de suficiente como para darme cuenta de lo que hay y de lo que no hay. Eso no quiere decir que haya dejado de lado los datos oficiales que se difundieron, pero los he contrastado con la información obtenida por mis propios medios y con los hechos objetivamente apreciados:

1.- EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO hubo en la República del Ecuador un intento de golpe de Estado. Esto lo desmiento CATEGÓRICAMENTE. Lo que sucedió simplemente fue una declaratoria de huelga por parte de los efectivos de la tropa de la Policía Nacional del Ecuador. Pero debido a la naturaleza de su trabajo y su función, una huelga de efectivos policiales constituye no solo un atentado contra la seguridad del Estado, sino además un acto de irresponsabilidad de todo el cuerpo, que resulta a todas luces inaceptable y condenable, por muy legítimos que sean sus reclamos. Jamás se buscó el derrocamiento del Presidente de la República para la instauración de un Gobierno de facto.

2.- El motivo de la huelga de los efectivos de la Policía Nacional del Ecuador fue la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, la noche del pasado martes 29 de septiembre, de la nueva Ley de Servicio Público, que desarrolla el nuevo estatuto jurídico de los funcionarios del Estado, dentro del cual se incorpora a los efectivos de la Policía Nacional del Ecuador y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, algo novedoso porque hasta ahora tanto la Policía como las Fuerzas Armadas han tenido sus propias leyes orgánicas especiales, donde solo les era aplicable la hasta ahora vigente Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa solo de manera supletoria (que en la práctica, era casi imposible, porque las leyes especiales de la Policía y las Fuerzas Armadas preveían casi todo al detalle, en atención a la peculiaridad de su función).

Pero esta nueva ley, que desarrolla lo dispuesto en la Constitución Política aprobada en 2008, introdujo un principio general según el cual ningún funcionario público de rango inferior podía ganar más ni tener beneficios superiores a los que goza el máximo órgano de la Administración Pública, que es la Presidencia de la República. Por ello, eliminaba los beneficios sociales especiales, que tradicionalmente han venido tenido tanto los efectivos de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, en razón de la peculiar peligrosidad de su trabajo, además de que, debido a la impericia o desconocimiento de técnica jurídica de los redactores del proyecto de ley (o por el simple capricho del Presidente de la República y la gente que lo asesora, porque conozco personalmente a algunos de sus asesores jurídicos y diputados de su Movimiento Alianza PAIS y me consta que son personas profesionalmente bastante competentes, por lo que creo que más se trata de un capricho político coyuntural), se tocó algo sagrado para los policías y militares como es la materia de ascensos y condecoraciones, que hasta ahora venían aparejados con una contraprestación económica. Además, entró en conflicto con un principio general del Derecho: los derechos adquiridos al amparo de una ley no pueden ser objeto de privación por una ley posterior.

Vistas así las cosas, grosso modo, al parecer, la protesta policial era legítima, pero no lícita ni mucho menos constitucional ni legal. Y esto por cuanto, no obstante su legítimo reclamo, su función está asociada al mantenimiento del orden público interno del Estado y a la seguridad pública. La Policía Nacional es el brazo ejecutor del que se sirve el Estado para garantizar los derechos fundamentales de la persona humana y las libertades públicas, por lo que dejarla sin operatividad equivale a la propia anulación de todo el sistema, porque no podrá sostenerse. Por ello, tienen prohibido desatender sus funciones y por eso mismo disponen de mecanismos específicos para reclamar lo que estimen pertinente, previstos en su Ley Orgánica y en reglamentos y acuerdos ministeriales del Ministro de Gobierno, sin tener que dejar al país en la inseguridad.

Por otro lado, lo que aprobó la Asamblea Nacional el pasado martes fue solo un proyecto de ley, aún no se ha convertido en ley, pues debía ser remitido al Presidente de la República para su consideración y en virtud de ello, sea sancionado y promulgado o vetado (y en el caso de que fuera vetado, si era un veto parcial, debía volver al seno de la Asamblea Nacional para su allanamiento o ratificación en el texto original, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución). Y solo con la sanción y promulgación por el Presidente de la República o con el allanamiento o insistencia en el texto original por parte de la Asamblea Nacional, el hasta ahora proyecto pasa recién a convertirse en ley, faltando solo su publicación en el Registro Oficial, con la cual entrará plenamente en vigor. Pero incluso en el supuesto de que se dieran las cosas así y efectivamente, el Presidente sancionara y promulgara el proyecto de ley y dispusiera su publicación en el Registro Oficial, todavía queda la vía de la declaratoria de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia Constitucional, en el hipotético caso de que se considere que vulnere principios constitucionales. Por tanto, AÚN NO ES UNA LEY, pero los agentes de la Policía Nacional, exaltados y preocupados, tuvieron una muy humana reacción, que se puede producir cuando se cae en cuenta de que en adelante se perderá poder adquisitivo, pero, desde luego, no fue el proceder más apropiado.

Por tanto, hay un motivo para la protesta, legítimo, pero una forma no adecuada ni oportuna de proceder. Y mayor responsabilidad por cuanto de ellos depende la seguridad de las personas, el patrimonio y la garantía de las libertades.

Jacqueline, ¡sabía lo que quería!

¿Usaban "telepronter" en aquellos tiempos?