3.- Pero sucede que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, nos hallamos ante un cuerpo paramilitar, que integra la Fuerza Pública del Estado, cuyo cometido es el mantenimiento del orden interno y la seguridad pública; por tanto, la Policía Nacional está sujeta a la disciplina militar. Y tiene como Comandante en Jefe al Presidente de la República, por tanto está subordinado a él y debe acatar, cumplir y ejecutar sus disposiciones y las de sus representantes.
Ante la declaratoria de huelga, el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Policía Nacional del Ecuador, dispuso y exigió que se depusiera la actitud y que los agentes salieran a patrullar como de costumbre. Pero se negaron y más bien unos ocuparon los cuarteles de todo el país (en Ecuador las dependencias de la Policía Nacional no se llaman comisarías, sino cuarteles, por el carácter paramilitar de la institución; las comisarías de Policía son otra cosa: juzgados de contravenciones o faltas) y otros salieron a protestar a la calle como cualquier trabajador o funcionario público que ve reducidos sus ingresos, pero debido a que son policías, hicieron la protesta uniformados y con sus armas de dotación y toletes. Esto SÍ ES, no solo una falta administrativa, sino además un delito tipificado en el Código Penal de la Policía Nacional del Ecuador: insubordinación, es decir, no acatar las disposiciones del superior jerárquico legítimo, en este caso, nada menos que el propio Presidente de la República.
4.- El Presidente de la República, visto que había perdido autoridad sobre la Policía Nacional, se dirigió al Regimiento Quito número 1 (principal cuartel de la Policía Nacional), para intentar negociar con los agentes insubordinados. La acción del Presidente fue a todas luces temeraria e imprudente, pues fue a un lugar tomado por individuos exacerbados, armados y con un sólido espíritu de cuerpo, incomprensible para quien no ha conocido desde dentro lo que son los institutos armados. El resultado fue que el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, perdió los papeles y la compostura propia de un Jefe de Estado y se puso "pico a pico" con los agentes de la Policía, supuestamente sus subalternos, como si se encontrara en la plaza del mercado o en la esquina del barrio, adoptando un comportamiento chulesco y hasta soez (impropio, a todas luces, de un Jefe de Estado), como fue el de desabrocharse la camisa e invitarles a que le dispararan si eran muy valientes y querían matar al Presidente. Aquí fue el origen de esta necedad que se ha transmitido equivocadamente: no estaba el Presidente Correa ante un grupo que lo quería derrocar y hacerse con el poder, o para poner a otro o para dar lugar a la sucesión establecida en la Constitución: estaba ante un grupo de funcionarios del Estado enfadados por los recortes que estaban sufriendo, que dada la peculiaridad de su función, están siempre armados y provistos de organización paramilitar. ESO FUE TODO.
Los agentes, más exacerbados ante la hostil actitud del Presidente de la República, cometieron la imprudencia de lanzarle gas lacrimógeno y gas pimienta, lo que agravó considerablemente la situación de los involucrados, pues ya no era solo una simple insubordinación, sino que se estaba agrediendo al Presidente de la República, lo cual constituye también delito y todavía más grave. Como el Presidente de la República había acudido con efectivos de su seguridad personal, que eran pocos, se vieron atrapados por la turba de agentes de la Policía Nacional, que ya para ese momento habían perdido todo sentido de respeto y jerarquía y fue necesario sacar al Presidente del Regimiento Quito por la parte trasera y fue ahí, en la explanada, donde la turba de agentes pretendió lincharlo a él y a sus guardaespaldas y en medio de la trifulca, alguien, evidentemente con mala fe, golpeó al Presidente Correa en una de sus rodillas, que le había sido recientemente operada, lo que lo hizo quedar tendido en el suelo retorciéndose del dolor mientras llegaba el coche oficial de la Presidencia de la República, que estaba aparcado en la entrada principal, para recogerlo y llevarlo a un hospital. Y da la casualidad que el hospital más cercano era el Hospital de la Policía Nacional del Ecuador, en el que fue ingresado de urgencia.
Luego de ser atendido por los facultativos, resultó que el Presidente de la República no pudo abandonar el antedicho hospital, pues estaba rodeado por patrulleros, carros antidisturbios y cientos de agentes de la Policía Nacional, que le impedían abandonar el recinto. Esto también es constitutivo de delito, porque desde el momento en el que no se deja a una persona abandonar un sitio y se le retiene en contra de su voluntad, nos hallamos ante un secuestro, con mayor gravedad en este caso, porque se trataba del Presidente de la República.
Durante toda la jornada, el Presidente de la República se negó a ceder a las peticiones de los agentes, que básicamente buscaban negociar un acuerdo para que se vetara, al menos parcialmente, el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional o se elaborara un proyecto de ley especial por una comisión en la que se integren representantes de la Policía Nacional o, por último, hacer los preceptos legales lo más generales posibles para que puedan ser objeto de desarrollo reglamentario, en el cual el Presidente de la República, como titular de la potestad reglamentaria, establezca mecanismos para la conservación de los derechos de los agentes de la Policía. Además, exigieron que no se les redujera, como pretendía hacérselo, el bono para la vivienda, que tradicionalmente la Policía Nacional ha venido dando a sus agentes (que no es otra cosa que una cantidad adicional y el aval de la institución para que puedan recibir créditos hipotecarios en condiciones ventajosas en entidades financieras con las que la Policía Nacional tiene convenios). Pero el Presidente Correa se negó a negociar y exigió su inmediata liberación y el inmediato sometimiento de los agentes a su autoridad.
Mientras tanto, un sector de las Fuerzas Armadas también se unió a la protesta de la Policía Nacional: efectivos de la infantería aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ocuparon militarmente los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, con la finalidad de impedir el tráfico aéreo nacional e internacional, como medida de presión. Por este motivo, en virtud de así establecerlo normas internacionales de seguridad aérea, la Dirección General de Aviación Civil junto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dispusieron el inmediato cese de las operaciones aéreas y el bloqueo hasta nueva orden del espacio aéreo de Ecuador.
En virtud del curso que habían tomado los acontecimientos, el Alto Mando Militar compareció ante los medios de comunicación manifestando su lealtad absoluta a su Comandante en Jefe, que es el Presidente de la República y su compromiso con el orden constitucional establecido, dejando claro que en ningún momento permitirían que se le diera una salida política a algo que no era más que un reclamo de un cuerpo de seguridad del Estado (es decir, estaban sentenciando que no iban a dar el visto bueno para que el Presidente Correa fuera derrocado). Sin embargo, sí solicitaron al Presidente de la República que revisara el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, por ser lesivo a los derechos sociales tanto de agentes de la Policía Nacional como a efectivos de las Fuerzas Armadas, especialmente, los de tropa. Con esto, quedó más que en evidencia el malestar general en la Fuerza Pública por las disposiciones del proyecto de ley aprobado.
El Presidente Correa declaró el estado de excepción desde el Hospital de la Policía Nacional, pero debido a los acontecimientos, no fue posible ejecutarlo en lo policial y militar. Sin embargo, sí se lo hizo en lo atinente a las telecomunicaciones, pues fueron bloqueadas las señales de telefonía móvil y los sitios de Internet de diarios y canales de televisión ecuatorianos, excepto la señal de ECUADOR TV, canal estatal que se reservó el derecho a ser el único que transmitiera los hechos que estaban sucediendo, ante la evidente protesta de los demás medios, pues se estaba dando hacia el exterior una sola versión, la oficial, que evidentemente solo cuenta un aspecto de los sucesos. Por ello, lo sucedido en Ecuador entre las 13:00 h. y las 20:00 h. de aquel día solo pudo ser difundido por ECUADOR TV, siendo por ello necesario dar además otra versión de los hechos.
Por la noche, un grupo de oficiales de élite del GIR (Grupo de Intervención y Rescate) de la Policía Nacional del Ecuador, que se mantuvo siempre leal al Presidente Correa, incursionó en el Hospital de la Policía Nacional y lo rescató. En el operativo se dio un intercambio de fuego que duró aproximadamente una media hora y en el que fallecieron dos efectivos del GIR. El rescate fue especialmente difícil por cuanto el Presidente de la República estaba en silla de ruedas, convaleciente por la nueva intervención a la que tuvo que ser sometido por el golpe recibido en la mañana en la herida de una operación reciente y eso generó problemas de logística que dieron lugar a que se rompiera el fuego, los oficiales abatidos cayeron por haber estado cubriendo con sus cuerpos al Presidente de la República.
Inmediatamente, el Presidente de la República, ya desde el Palacio de Carondelet, exigió el acatamiento pleno del estado de excepción, que fijó en 5 días y anunció la depuración de la Policía Nacional del Ecuador, cuyo Comandante General esa misma noche presentó su dimisión en razón de que ya no podía seguir al frente de la institución, pues no había sido capaz de mantener la autoridad sobre sus subalternos, que habían agredido y secuestrado al Presidente de la República, cuya confianza ya tampoco tenía, aunque en su discurso de dimisión solicitó al Presidente Correa que revisara el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional y que le llegará en los próximos días para sanción y promulgación.
